La pandemia que actualmente está viviendo la humanidad, causada por el virus SARS-COV2, conocida también como “Pandemia de COVID-19”, ha impactado diversos escenarios sociales, políticos, culturales y económicos a nivel mundial. Unos de los principales afectados, sin duda, fueron los servicios sanitarios, puesto que fue necesaria una transformación total de su función para dar soporte a las necesidades urgentes de los pacientes infectados.
Desde la perspectiva global, el confinamiento llevó al cierre de los servicios de salud no considerados “Esenciales” y a la proliferación de la Telemedicina como alternativa para la continuidad de las terapias de pacientes crónicos. Sin embargo, en países como el nuestro dónde el acceso a las tecnologías de la información y a los dispositivos necesarios para “conectarse” aún no es masivo, este acercamiento se convirtió en un reto que, al son de hoy, y aún pendiente la total reactivación de los diversos espacios, no se ha podido solucionar.
El Sistema General de Seguridad Social en Salud colombiano tiene como objetivo garantizar la cobertura del servicio en el 100% de la población. Esto en la práctica es bastante ambicioso, puesto que lo que el mismo sistema denomina prestadores de servicios de salud no alcanza a cubrir la totalidad del territorio nacional, dejando descuidadas las zonas más dispersas. Bajo este principio, acceder a la salud implica la migración de personas hacia los espacios urbanizados, trayendo con si un riesgo de propagación del virus hacia las distintas zonas.
El problema se hubiese solucionado adecuadamente si en Colombia se contara dentro de la caracterización de prestadores a uno que sí es considerado como tal en los demás países: los establecimientos farmacéuticos. En la actualidad, hay un establecimiento farmacéutico en prácticamente todos los rincones del país, y muchos de ellos cuentan con los productos para la salud necesarios para atender situaciones de baja complejidad, o de continuidad de tratamiento.
Esto representa un reto gigante para el Sistema de Salud, pero más que nada para la articulación de los diferentes espacios dentro del gobierno que necesitan consensuar que estos establecimientos son un servicio de salud y como tal deben articularse dentro de los diferentes subsistemas del país. Para abordarlo, precisamos recorrer un trabajo gremial y legislativo grande, que involucra la participación del estado, la iniciativa privada y la academia:
- Se requiere de una ruta para la profesionalización del personal farmacéutico: actualmente quienes atienden los servicios farmacéuticos están validados por una credencial expedida por el estado denominada “Expendedor de Drogas” la cual valida la experiencia obtenida en el ejercicio de la profesión. Como está contemplada la legislación, en la actualidad no debería estar vigente, puesto que se hace necesaria la misma para ostentar el trabajo, pero a su vez, es el trabajo el que permite obtener la experiencia necesaria para certificarse. Este vacío legal es aprovechado para omitir en muchos escenarios el requisito de la experiencia, o la obligatoriedad de esta. Adicionalmente, la formación en farmacia en Colombia contempla tres niveles: el Técnico, el Tecnológico y el Profesional. Sin embargo, no existen reglas claras para la educación continuada obligatoria, y cada una de estas es terminal en tanto permiten realizar el ejercicio.
- Al no estar incluidos dentro del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, los establecimientos farmacéuticos no pueden en la práctica brindar un “servicio de salud”, desconociendo que la dispensación es esencialmente uno de estos servicios. Ante esto hay una iniciativa liderada por el gobierno para extender el alcance de dicha normativa hacia lo que se denominan los “Gestores Farmacéuticos”. Sin embargo, esta figura solo contempla los que establecimientos farmacéuticos hacen parte del sistema de salud, siendo estos una mínima parte de los que en la actualidad existen. Poder incluir todas las droguerías y farmacias-droguerías del país dentro de esta caracterización permitiría articular servicios en red, indispensables para la prestación efectiva de las actividades de “Telesalud”; esto obviamente requiere articularse con el punto anterior, en una formación complementaria para poder brindar estos servicios con calidad.
- Para que esto sea posible, se requieren recursos, y en este escenario tenemos una Política Farmacéutica Nacional que contaba con reservas presupuestales, pero que no se ha ejecutado en su totalidad. Es importante evaluar en qué estado se encuentran estos objetivos puntuales que abarcan las dos estrategias anteriores y buscar alternativas para su cumplimiento, labor en la que tenemos parte todos, como veedores de la misma.
La tarea es ardua, pero las bases para hacerla están sembradas dentro de la Política Farmacéutica Nacional, la cual tiene vigencia hasta el año en curso, y debe evaluarse y replantearse. Es necesaria la articulación de los actores involucrados y el soporte político para poder generar una estrategia a futuro que aporte a la meta de cobertura global que plantea nuestro actual sistema de salud.
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